El juez Julián Ercolini atendió favorablemente el viernes un pedido de Cristina Kirchner y elevó a juicio oral y público la causa contra la expresidenta por presunta "asociación ilícita" , reportó el Centro de Información Judicial (CIJ).

"En la causa se investiga a la expresidenta, a (su exministro de Planificación) Julio De Vido, a (el empresario) Lázaro Báez y a otros imputados por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur)", según la página web de la justicia.

Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015, había solicitado al juez que el caso fuese elevado "cuanto antes" a su etapa oral, con el fin de "lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan" en la acusación.

La fecha del juicio será fijada cuando se integre el tribunal federal.

Kirchner, de 65 años, está acusada de formar una "asociación ilícita" y sacar provecho de ello al otorgar las obras por unos 46.000 millones de pesos (2.400 millones de dólares) al Grupo Austral, propiedad de Báez.

La denuncia que inició la causa contra Kirchner fue presentada por la diputada Elisa Carrió, una de las aliadas y consultora favorita del presidente Mauricio Macri.

Báez y De Vido están en prisión preventiva.

Según la denunciante, el objetivo de la exmandataria fue "convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz", provincia natal del fallecido marido y expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

"Si bien el papel resiste cualquier cosa, la oralidad y la publicidad propias de una audiencia de debate habrán de tornar sumamente dificultoso que se pueda mantener un trámite procesal tan alejado de la verdad y de los principios del Estado de Derecho", dijo Kirchner en su escrito al reclamar la elevación a juicio oral.

Kirchner, senadora por Unidad Ciudadana (peronista de centroizquierda), tiene otros juicios orales en puerta, uno de ellos por un sistema cambiario supuestamente irregular del Banco Central durante su gobierno y otro por presunto encubrimiento a iraníes acusados por el atentado contra el centro judeo-argentino AMIA en 1994.

Por el caso AMIA, la justicia solicitó en diciembre su detención preventiva, que no cumple por estar amparada por fueros parlamentarios.